Por: Gustavo Humberto Cote Peña – Ex director general de la DIAN y antiguo alumno del IE.
Publicado en Portafolio, Sección Opinión.

Para nadie es desconocido que la improvisación en el ejercicio de las funciones públicas afecta el normal desenvolvimiento de la sociedad. Para la muestra, lo que viene sucediendo con las normas que regulan las Tasas de Interés que debe certificar la Superintendencia Financiera.
En lo corrido de los últimos tres meses, el Gobierno Nacional ha modificado tres veces estas normas. Mediante el D.R. 4090 del 20 de noviembre de 2006, se dispuso la existencia de tres modalidades de crédito para estos efectos, los comerciales, el de consumo y el de microcrédito. Con el D.R. 018 del 4 de enero de 2007 se redujeron a dos modalidades: los créditos comerciales y de consumo, y los de microcrédito. El pasado 26 de febrero de 2007, se expidió el D.R. 519 con el cual se hace referencia a los créditos de consumo y ordinario, y a los de microcrédito, y adicionalmente se derogan en forma expresa los dos decretos anteriores.


Como la opinión pública conoce, estas certificaciones tienen efectos directos en el ámbito tributario, toda vez que desde el 29 de julio del 2006 la tasa de interés moratorio es la tasa equivalente a la tasa efectiva de usura certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia para el respectivo mes de mora, la cual deriva de las mismas tasas de interés corriente que certifica esta entidad pública.
La última certificación expedida con base en el segundo de los Decretos citados ubicaba las tasas de usura aplicables desde el 5 de enero de 2007 y hasta el 31 de marzo del mismo año, en el caso de los créditos comerciales y de consumo en el 20,75 por ciento y para el microcrédito en el 32,09 por ciento.
La Dian optó por entender que la tasa de interés de mora impositiva era la de usura para el microcrédito, aplicando el criterio de las ‘más altas’, interpretación que genera algunas dudas sobre su legalidad, si se tiene en cuenta que la norma que la sustenta no menciona para nada dicha característica.
Lo cierto es que en el último Decreto expedido se dispuso en forma expresa lo siguiente: “En todos los demás casos en que se deban pagar intereses de plazo o de mora, así como (…) los intereses de mora que se deban por concepto de tributos, (…) Únicamente deberá tenerse en cuenta el interés bancario corriente certificado para el crédito de consumo y ordinario”.
Este señalamiento implicará necesariamente que la tasa de usura aplicable para efectos tributarios ya no va a ser la más alta sino la más baja, si asumimos, con base en las últimas certificaciones de la Superfinanciera, que el interés para microcrédito resultará más alto que el de consumo y ordinario.
El mismo decreto advierte que la Superfinanciera deberá publicar las nuevas tasas de interés en forma previa a su aplicación. Para la fecha en que se prepara este escrito aún no se han indicado las tasas para las nuevas modalidades de crédito, lo cual contrasta con la realidad derivada de la derogación en forma expresa de los decretos anteriores, incluido el que sustentaba las tasas que se encontraban previstas para regir hasta el último día de marzo. Es decir, la última certificación perdió vigencia por haber desaparecido el decreto que la fundamentaba.
La situación descrita ha originado un vacío normativo que lleva a afirmar que desde el 26 de febrero pasado no existe una tasa que permita liquidar los intereses de mora tributarios. Vacío que sólo podrá ser llenado cuando se produzca la certificación exigida por la Ley. Mientras tanto, como consecuencia no sólo del vacío anotado, sino también de la expectativa posible de una menor tasa de mora, los contribuyentes morosos se tomarán su tiempo para proceder a cubrir sus obligaciones vencidas, en perjuicio del Tesoro Nacional.

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